Manifiesto por una compra pública alimentaria saludable y sostenible

Una docena de organizaciones y plataformas sociales representantes de distintos sectores madrileños (agricultores/as, ecologistas, salud pública, AMPAs, de centros escolares, consumidores/as, investigadores/as y alimentación saludable) hemos presentado el Manifiesto ‘Por una compra pública alimentaria saludable y sostenible en la Comunidad de Madrid’ el 15 de Noviembre, en el  madrileño Mercado de San Fernando.

El Manifiesto insta a las administraciones madrileñas a promover la compra de alimentos destinados a servicios públicos, siguiendo criterios de sostenibilidad, salud y desarrollo rural.

¡¡Apóyalo, personalmente firmando esta petición; y/o como colectivo comunicándonoslo en ecocomedoresmadrid@gmail.com!!

Este Manifiesto tiene entre sus promotores a varias comisiones e integrantes de Madrid Agroecológico: Ecocomedores Madrid, AUPA (Asociación Unida de Productores Agroecológicos), Garúa, Justicia Alimentaria, Ecologistas en Acción o el Observatorio Cultura y Territorio. Además, completan el listado de promotores AGIM COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), AMASAP (Asociación madrileña de salud pública), Amigos de la Tierra Madrid, CECU Madrid (Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid), la FAPA Giner de los Ríos y Seo Birdlife.

¡Muchas gracias por tu apoyo! Consulta a continuación el Manifiesto y compártelo. ¡¡Cuantas más seamos, más caso nos  harán las administraciones!!

Manifiesto ‘Por una compra pública alimentaria saludable y sostenible’

La compra de alimentos por parte de las administraciones públicas supone un importante porcentaje del gasto público,[1] y tiene un importante impacto en la sociedad, tanto por su volumen de compra en sectores determinados, como por su valor ejemplarizante. El potencial transformador de la compra pública alimentaria a favor de sistemas alimentarios respetuosos con las personas y con el medio ambiente, es una oportunidad que no debemos desaprovechar, para

Frenar la obesidad infantil y otras enfermedades no transmisibles.

Debemos adecuar las políticas públicas sobre alimentación a las recomendaciones de organismos internacionales (como las Organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación -FAO-, la Salud -OMS-, o sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 entre otros).

Una alimentación saludable, basada en una dieta variada y equilibrada, contribuye a prevenir la obesidad y otras enfermedades directamente relacionadas con la alimentación, tanto en la infancia como en la edad adulta[2].

Los comedores colectivos, y sobre todo los escolares, no sólo pueden mejorar la calidad nutritiva de sus menús, sino que además son cruciales para la adquisición de hábitos alimentarios saludables y sostenibles.

Impulsar el sector primario, el medio rural y la economía social.

El sector agrario madrileño está muy deteriorado desde hace años. Apostar por la compra pública de alimentos de proximidad acortando el número de intermediarios entre producción y consumo (circuito corto) contribuye a:

  • Mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, facilitando la incorporación de jóvenes y nuevos emprendimientos en el sector agroalimentario regional.
  • Generar empleo de calidad de forma directa e indirecta[3], ofreciendo oportunidades para empresas de economía social y solidaria (ESS) que producen con criterios éticos y sostenibles.
  • Frenar la despoblación rural, favoreciendo la fijación de población activa y sus familias en los pueblos madrileños.

Luchar contra el cambio climático y mejorar el medio ambiente.

Favorecer el consumo de alimentos de proximidad y circuito corto, frescos o ecológicos (sin pesticidas ni fertilizantes químicos) reduce la contaminación de los ecosistemas y el cambio climático, y tiene efectos positivos tanto para la salud de los usuarios y usuarias de la restauración colectiva, como para el entorno.[4]

Potenciar la dimensión educativa de los comedores escolares.

Consumir productos locales y de temporada permite ofrecer platos tradicionales con nuestra identidad gastronómica, preservando la biodiversidad local, así como el patrimonio cultural y gastronómico de nuestro territorio.

Favorecer una relación mucho más estrecha entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen, ofrece una gran oportunidad social para educar a los niños y niñas como futuros consumidores informados y responsables.

NO SOLO NECESARIO, TAMBIÉN LAS LEYES EUROPEAS Y NACIONALES LO PROMUEVEN …

En España, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (que transpone la Directiva 2014/24/UE[5]), establece entre sus objetivos conseguir una mejor relación calidad-precio, e incluye en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos, medioambientales, sociales, e innovadores vinculados al objeto del contrato.

La guía sobre Compra Pública Verde de la Comisión Europea publicada en 2016 incluye un apartado sobre restauración, e insta a los gobiernos nacionales a establecer un porcentaje mínimo de alimentos de producción ecológica en los servicios contratados, marcar unos porcentajes mínimos y/o asignar puntos por la utilización de frutas y hortalizas de temporada, o incluir cláusulas contractuales encaminadas a reducir al mínimo los residuos alimentarios y de envases de alimentos.

Cada vez más comunidades autónomas y ciudades promueven estas pautas de compra pública alimentaria bajo criterios de sostenibilidad social y ambiental, principalmente en restauración escolar. Canarias, Valencia o Navarra, o ciudades firmantes del Pacto de Milán como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia o Pamplona, son un ejemplo.

Los miles de ciudadanos y ciudadanas que comen todos los días en los servicios públicos madrileños forman parte de un colectivo cautivo, sin apenas alternativas de elección, pese a que requieren una especial atención alimentaria al tratarse de niñas y niños en edad de crecimiento, personas hospitalizadas, mayores en centros de día y/o población en riesgo de exclusión social. Las administraciones madrileñas, además de cumplir con el derecho humano a la alimentación, tienen la oportunidad de garantizar una alimentación saludable y sostenible en los espacios bajo su gestión, aprovechando las muchas ventajas económicas, medioambientales y sociales derivadas de esta.

Conscientes de que es necesario y posible cambiar el modelo de compra pública de alimentos en la Comunidad de Madrid, instamos a los grupos de la Asamblea de Madrid a desarrollar las iniciativas legislativas necesarias para promover la compra pública con criterios de sostenibilidad, salud y desarrollo rural. Invitamos además al Gobierno regional, incluyendo los departamentos responsables de Educación, Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Economía, a que se sumen a este reto expresado en la PNL 146/16 RGEP 6821,[6] incorporando la participación de todos los actores implicados en la producción, transformación y consumo de alimentos, así como los profesionales y las instituciones independientes de la nutrición y la salud pública.[7]

Miles de escolares madrileños, personas hospitalizadas, agricultores/as y ganaderos/as, consumidores… se lo pedimos y agradeceremos.

 

[1]   La organización Justicia Alimentaria estima que las administraciones españolas gastan entre 2000 y 3000 millones € anuales en servicios de restauración y suministro de alimentos.

[2]   Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, 2004. Organización Mundial de la Salud.

[3]   Los mercados locales generan más empleo y más diverso (por cada euro que se invierte en estos sistemas se llegan a generar más del doble de ingresos locales que en el sistema globalizado).

New Economics Foundation. https://neweconomics.org/2011/05/benefits-procuring-school-meals-food-life-partnership

[4]   El objetivo del Plan de acción de Mitigación en España 2011/2020 en la agricultura y pesca es alcanzar un ahorro global de energía final 1.338 ktep en el año 2020 mediante la aplicación de seis medidas, entre ellas el fomento de la agricultura ecológica, la relocalización de los sistemas alimentarios y el fomento de canales cortos de comercialización.

[5]   La Directiva 2014/24/UE recomienda a los poderes adjudicatarios que a la hora de decantarse por la mejor oferta en las licitaciones, sitúen la atención en los “criterios verdes” y no sólo en los costes

[6]   Propuesta no de Ley aprobada por unanimidad el 23/6/2016 en la Asamblea de Madrid, instando al Gobierno regional a fomentar la contratación de productos de temporada, de proximidad y ecológicos en la alimentación de los comedores colectivos existentes en la Comunidad de Madrid, incorporando las modificaciones pertinentes en los procesos de licitación.

[7]   En el caso de los comedores escolares también es imprescindible posibilitar una mayor participación a las familias en la elección del prestador del servicio y del seguimiento de la calidad del mismo.

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