Existe un notable consenso por parte de los movimientos agroecológicos y ambientalistas en torno a las reivindicación de un único pilar para la PAC 2020. Este pilar único tendría tres peldaños de sucesiva menor cuantía económica y mayor co financiación.

El primer peldaño, equivalente al primer pilar, se referiría al pago básico en el sentido de implementar un pago verde mejorado (‘greening enlarged’) y un tope de ayudas y superficies (‘capping’).

El segundo peldaño (asimilable al segundo pilar o Desarrollo Rural) es co financiado por los agricultores o propietarios rurales; se incluyen medidas agroambientales que deberían pasar a modularse en forma de “transición agroecológica” y Red Natura 2000, entre otras ayudas a razas autóctonas, bancos de tierra y semillas, contratos de finca, etc. Este segundo peldaño debería incrementar su presupuesto a costa del ‘capping’ del primer pilar.

El tercer peldaño (no formulado aún con propiedad) deberían ser medidas destinadas a reconstruir sistemas alimentarios locales, co financiadas con administraciones locales, en el sentido de circuitos cortos, mercados de proximidad, huertos comunitarios sociales, alfabetización agroecológica y otras medidas publicas locales como la contratación de dinamizadores agroecológicos que faciliten la transición.

Es sin embargo probable que la reforma en curso se conduzca conforme a las tendencias neoliberales y de apoyo a las grandes fincas a modo de “más de lo mismo, o peor aun”, y que se mantengan los dos pilares con soluciones aún menos equitativas que las de la actual PAC 2014-2020.

Es probable que se produzca una ‘financiarización‘ de la PAC en el sentido de hacer servir las ayudas para cubrir (vía compañías de seguros que ya se están frotando las manos) los riesgos de oscilaciones de precios. La ayuda dejaría de ser a la cabeza de ganado (PAC 2000-2014), o a la hectárea (PAC 2014-2020) para ser para el “precio”.

En este escenario de “més de lo mismo o peor aún” tendríamos que convertir el tercer peldaño en un tercer pilar de sistemas alimentarios locales, no financiado desde la PAC, sino desde una reorientación de las competencias de las administraciones locales en la linea de lo que ya están haciendo los grandes municipios firmantes de Pacto de Milán, o los municipios más rurales y agrarios como los de la red TERRAE.